La situación económica y laboral en América Latina y el Caribe ha experimentado un profundo impacto en los últimos años, especialmente a raíz de la llegada del COVID-19. Antes de la pandemia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ya advertía sobre tres crisis estructurales a nivel global: la inestabilidad y el bajo crecimiento, una creciente desigualdad y una crisis ambiental que amenaza la sostenibilidad del planeta.

Estas crisis están intrínsecamente vinculadas, guiadas por una economía política que ha marcado la relación entre el Estado, el mercado, la sociedad y el medio ambiente. Esta relación ha limitado la capacidad de los gobiernos para dirigir la acción de los mercados en pro del desarrollo, resultando en desequilibrios crecientes, tensiones políticas y geopolíticas, y una debilitación del sistema multilateral y la legitimidad de las democracias a nivel interno (CEPAL, 2020c).

La región ya enfrentaba desafíos económicos antes del impacto del COVID-19. Entre 2014 y 2019, el crecimiento promedio fue del 0,3%, uno de los períodos de peor desempeño registrado, comparable a los niveles observados durante la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. La llegada de la pandemia en 2020 exacerbó la situación, provocando una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 6,8%, la peor entre todas las regiones del mundo.

Esta crisis económica tuvo consecuencias directas en el ámbito laboral, generando una caída histórica en la ocupación y un aumento sin precedentes del desempleo. Los efectos se extendieron a la pobreza y la desigualdad, agravando aún más los problemas estructurales preexistentes en la región.

En este contexto, la relación entre el desarrollo sostenible, la educación y la crisis económica se vuelve crucial. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no solo plantea metas educativas, sino que aborda la necesidad de un nuevo estilo de desarrollo que supere las crisis estructurales. La educación emerge como una herramienta esencial para abordar no solo la dimensión social, sino también para impulsar la recuperación económica y la equidad.

En conclusión, América Latina y el Caribe se encuentran en una encrucijada donde las crisis económicas, laborales y sociales convergen con los objetivos de desarrollo sostenible. La implementación efectiva de la Agenda 2030 no solo exige acciones integradas, sino también un enfoque renovado que reconozca la importancia crítica de la educación como motor de cambio en tiempos de crisis. La región tiene la oportunidad de transformar los desafíos en oportunidades, construyendo un futuro más justo, sostenible y equitativo para todos.

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